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El Ayuntamiento de Barcelona prevé construir viviendas de alquiler

Publicado por pisobcn en 7 octubre, 2017
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Posibilitar la existencia de viviendas de alquiler a un precio medio de 500 euros al mes. Ése debe ser el objetivo principal a cumplir por la empresa público-privada que será creada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana (AMB).

Los destinatarios de esos pisos de alquiler sería un fragmento muy determinado de la ciudadanía barcelonesa: familias con trabajo y renta aceptable que por un lado no pueden acceder al mercado de la vivienda por sus elevados precios y, por otro, no tienen derecho a ayudas sociales al no hallarse en situación de vulnerabilidad. Los inquilinos que deseen optar a uno de los pisos de alquiler construidos por esta empresa público-privada deberán cumplir los mismos requisitos que deben cumplir todas aquellas personas que quieran optar a una vivienda protegida de alquiler en Barcelona.

En algún artículo de este blog hemos hablado de cómo han desaparecido del mercado de la vivienda de alquiler en Barcelona los pisos con rentas que oscilen entre los 200 y 800 euros mensuales. La alta demanda de este tipo de pisos contrasta con la escasez de la oferta, y es ese aspecto el que pretende paliarse desde esta empresa público-privada.

La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona no es nueva. En la Unión Europea ya funciona con éxito en algunas ciudades que, en total, han ofertado viviendas de alquiler con una renta moderada a un total de unos 27 millones de personas. Con un 50% de capital público y un 50% de capital aportado por un operador privado, la empresa que creará el Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana (AMB) y que será una sociedad anónima debería entrar en funcionamiento a mediados del año que viene. Antes de esa fecha, Ayuntamiento y AMB constituirán la empresa pública Habitatge Metropolis Barcelona.

Habitatge Metropolis será la empresa que, junto a un operador privado, conforme la empresa público-privada de la que estamos hablando. Dicho operador se elegirá mediante concurso público. Ese operador, según se ha dicho, podría estar formado por diversos socios (inversor, promotor y gestor) que se unirían en forma de UTE (unión temporal de empresas).

El operador privado podrá entrar a formar parte de la empresa público-privada para la construcción de vivienda de alquiler en Barcelona siempre que acepte un beneficio limitado que nunca supere el 4%. En el concurso público que sirva para elegir al operador se primarán las candidaturas que estén dispuestas a asumir una rentabilidad inferior a ese 4%.

Esa baja rentabilidad ha hecho pensar a muchos analistas que costará encontrar empresas que deseen optar a ser parte de esa empresa público-privada. El gerente municipal de Vivienda, Javier Burón, opina que no. La elevada demanda de este tipo de productos y la seguridad de la inversión (en caso de impago será la Administración quien se haga cargo de ello), deben servir de incentivos para aquellos empresarios que, en palabras del propio Burón, “quieran ganarse la vida en proyectos no especulativos”.

Los solares en los que construirían las nuevas viviendas de alquiler serían aportados por el Ayuntamiento. La voluntad del equipo de gobierno de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es construir 3.000 pisos de este tipo. 1.500 de estas viviendas se contruirían en Barcelona y otras 1.500 en ciudades del área metropolitana de la capital catalana. Esos 3.000 pisos deberían haber sido construidos antes de que, en mayo de 2019, acabe el mandato municipal.

Las primeras promociones de estas viviendas de alquiler podrían construirse en algunos solares que el Ayuntamiento ya ha identificado y que se encuentran preferentemente en zonas de la Sagrera, el 22@ y la Marina del Prat Vermell. Dichas promociones se construirán en régimen de derecho en superficie. Esta figura jurídica permite a los ayuntamientos mantener siempre la propiedad del terreno y ceder los derechos del mismo a un tercero. Esa cesión sería, según parece, de 40 años.

Los planes del Ayuntamiento de Barcelona incluyen también la posibilidad de dar entradas a empresas con promociones a medio construir y que posean una cartera de viviendas de alquiler a su disposición. Otra de las posibilidades que podrían producirse es que se diera la opción, a mucho pequeño inversor, de aportar un capital minorista a la nueva empresa. Que ese pequeño inversor fuera, además, inquilino de alguna de las viviendas construidas por la misma sería, en palabras del gerente municipal de Vivienda, una excelente manera de establecer una buena relación entre casero e inquilino.

La creación de esta sociedad pública-privada formaría parte del plan de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Dicho plan prevé la construcción de casi 8.900 viviendas hasta el 2025.