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Las Cámaras de la Propiedad piden medidas contra la ocupación ilegal

Publicado por pisobcn en 5 Mayo, 2017
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En mayor o menor grado, la ocupación ilegal ha existido siempre en una ciudad como Barcelona, pero de un tiempo a esta parte este delito ha adquirido una mayor presencia mediática. Algunos de los medios de comunicación que se hacen eco del incremento de las ocupaciones ilegales acusan directamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de propiciar una especie de “efecto llamada” con sus políticas de vivienda y su, según dichos opositores, indefinición o indecisión a la hora de hacer frente a dicho problema. Los medios afines a ella o, cuanto menos, aquellos que no se encuentran radicalmente enfrentados a las posiciones ideológicas de la alcaldesa de Barcelona, consideran que la causante principal de que se haya producido dicho incremento de ocupaciones ilegales es la crisis.

Sea de una manera u otra, lo cierto es que las ocupaciones ilegales se han multiplicado en los últimos años y que tanto los propietarios públicos como los privados (bien sean particulares, bien entidades financieras) consideran que la situación ha llegado a un punto verdaderamente preocupante.

Fruto de dicha preocupación nace la iniciativa de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya. Éstas, de forma conjunta, han publicado un manifiesto en que denuncian la situación actual y explicitan su apoyo a la proposición de ley que, presentada por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo y contando con los apoyos del Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s) y Partido Nacionalista Vasco (PNV).

La proposición aprobada por la Cámara Baja de las Cortes Generales propone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que los delitos de usurpación se puedan resolver mediante la celebración de un juicio rápido que, en un corto período de tiempo, permita al propietario de un inmueble ocupado de manera ilegal recuperarlo para su uso.

La proposición, señaló Lourdes Ciuró, diputada encargada de presentarla y de defenderla en el Congreso de los Diputados, tenía como misión combatir “las mafias” que, jactándose de poder instalar a personas en viviendas que nos les corresponden, localizan pisos vacíos y las ponen a disposición de dichas personas.

Ciuró declaró también cómo el problema de la ocupación ilegal ha llegado al extremo de que actualmente hay 322 pisos de la Generalitat que, estando destinados a vivienda social, están ocupados ilegalmente.

En el manifiesto aprobado por las once cámaras de la propiedad urbana catalanas recoge frases como las siguientes:

  • El problema de la ocupación ilegal está causando “un estado de alarma social ciudadana e inseguridad jurídica a la mayoría de propietarios”.
  • Los propietarios tienen “una sensación de impotencia con respecto a la vulneración del legítimo Derecho de Propiedad ante la ocupación de viviendas privadas de todo tipo”.

En el mismo manifiesto, las cámaras de la propiedad urbana consideran que la legislación vigente sobre el desalojo de viviendas ocupadas es una legislación “insuficiente” e “inoperante” y que los procedimientos legales a los que los afectados por este tipo de delitos deben recurrir son unos procedimientos “desfasados” que no sirven para resolver las actuales situaciones de ocupaciones.

La proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados y defendida por las Cámaras de la Propiedad de Catalunya lo fue a pesar de los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos, En Comú, En Marea y Esquerra Republicada de Catalunya (ERC). Todos estos grupos argumentaron que la medida propuesta por el PDECat desprotege a aquellas familias que, en riesgo de exclusión, se han visto obligadas a optar por la ocupación ilegal para poder disponer de un lugar en el que vivir. Ese mismo argumento ha sido el esgrimido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para rechazar la propuesta aprobada por el Congreso.