El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) ya ha sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Aprobado con los votos afirmativos de BComú, PSC y ERC, el Peuat pretende ser el instrumento que sirva al gobierno de Ada Colau para ordenar los alojamientos turísticos de la ciudad.

En virtud del Peuat, Barcelona quedará dividida en cuatro zonas:

  • Zona 1 o zona de decrecimiento. En esta zona, formada por Ciutat Vella, parte del Eixample, Poblenou, Vila Olímpica, Poble Sec, Hostafrancs y Sant Antoni no podrán abrirse nuevos alojamientos aunque se cierren otros.
  • Zona 2 o zona de congelación. En esta zona sólo podrán abrirse nuevos alojamientos turísticos si previamente cierran otros.
  • Zonas 3 y 4 o zonas de crecimiento limitado.

En el mismo pleno, y a partir de una exigencia de ERC, el gobierno de Ada Colau ha presentado un plan de choque contra los alojamientos turísticos ilegales. Para poder impedir que se sigan abriendo pisos turísticos ilegales, se multiplicará por dos el número de visualizadores de inspectores y éste se volverá a incrementar el próximo año hasta ascender a un total de 110.

Convergància i Unió, Cd’s y el Partido Popular han votado en contra del plan mientras que la CUP se ha abstenido. El considerar el plan una mala herramienta, un instrumento restrictivo o el resultado de una política que hasta el momento sólo ha servido para aumentar el precio de las habitaciones son los principales argumentos esgrimidos respectivamente por los tres partidos para justificar su no al Peuat.

El cómo se gestiona la llegada incesante de un aluvión de turistas a Barcelona centra uno de los grandes debates de la Ciudad Condal. Uno de los aspectos fundamentales de esa gestión es qué se hace con los pisos turísticos. Los propietarios de esos pisos no están dispuestos a renunciar a una importante fuente de ingresos y así lo han expresado en múltiples ocasiones. Una normativa municipal aprobada antes del presente Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos y que no ha sido derogada por el Peuat estipula que, en septiembre de 2019, todos los apartamentos por días para turistas de Ciutat Vella que no se hayan agrupado en edificios completos deberán renunciar a su actividad. Los propietarios de dichos inmuebles anuncian que, de ser así, reclamarán indemnizaciones de entre 100.000 y 300.000 euros por supuesta pérdida patrimonial y lucro cesante. Esto, sin duda, puede suponer un diluvio de denuncias o reclamaciones contra un Ayuntamiento que ha elaborado unas normativas que, para muchos propietarios, son complejas y que, de aplicarse, sólo beneficiarán a aquellos inversores que tengan la capacidad económica suficiente como para comprar un edificio entero para, después, comprar licencias turísticas a precio de oro. Del total de viviendas turísticas legales existentes en Ciutat Vella, sólo la mitad de ellas se han agrupado ya.

Quejas de hoteleros y restauradores

El Peuat ha sido duramente criticado por un conjunto de entidades barcelonesas dedicadas al turismo y al comercio. El Gremi d’Hotels de Barcelona, el Gremi de Restauració de Barcelona, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta y Comertia han hecho público un manifiesto conjunto en el que se critica duramente la política del equipo de Ada Colau en materia de turismo. Para estas asociaciones, las políticas de Colau “tenderán a consolidar una atmósfera de conflicto permanente y de inseguridad jurídica”.

Todas estas entidades contemplan el turismo como un generador de riqueza. Para ellos, hoteles y comercios dinamizan el territorio y tienen incidencia positiva sobre la seguridad. Para estas entidades, limitar el crecimiento hotelero no servirá para aliviar la presión que la llegada masiva de turistas representa para el espacio público. Estos turistas, señala el comunicado, seguirán viniendo a una ciudad que, indudablemente, está de moda.

Los hoteleros y restauradores de Barcelona critican la irrupción “creciente y descontrolada” de los pisos turísticos ilegales. Para las citadas entidades, los alojamientos turísticos ilegales afectan a la convivencia de la ciudad ya que, aparte de fomentar la economía sumergida, encarecen los precios de la vivienda, desnaturalizan el comercio del barrio y dificultan el control de la seguridad.