Hace apenas dos meses publicábamos en nuestro blog el artículo “El Ayuntamiento de Barcelona prevé construir viviendas de alquiler”. Allí contábamos cómo el Ayuntamiento de Barcelona se había propuesto crear una empresa mixta (público-privada) que estaría destinada a crear viviendas de alquiler a un precio medio de 500 euros al mes tanto en Barcelona como en determinadas zonas de su área metropolitana. En el mencionado artículo hablábamos de cómo la empresa que debían fundar el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en colaboración al 50% con capital privado debía entrar en funcionamiento a mediados del año que viene.
Pues bien: los servicios jurídicos municipales del propio Ayuntamiento de Barcelona han advertido al equipo de gobierno que es imposible jurídicamente que el Ayuntamiento pueda participar de manera inmediata en la constitución del operador metropolitano de vivienda. ¿El motivo? La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) no permite al Ayuntamiento de Barcelona entrar en una nueva empresa pública.
¿Quiere eso decir que no podrá crearse esa empresa público-privada para construir viviendas de alquiler “barato”? No. Pero en la creación de ésta sólo podrá participar la AMB. Ésta, de hecho, ha recogido en el documento elaborado por su Oficina Técnica de Gerencia una disposición en el que se estipula que en fechas futuras se podrá replantear la entrada del ayuntamiento barcelonés en el operador metropolitano de vivienda. Para ello, se indica en el referido documento, se buscará “la fórmula que resulte más adecuada”.
El revés sufrido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona respecto a este proyecto no implica que el proyecto se abandone. El Ayuntamiento está decidido a buscar la manera de estrenar en nuestra ciudad un sistema de fomento de la vivienda de alquiler a precios accesibles que ya funciona en otras ciudades europeas y que ha servido para que alrededor de 27 millones de personas de la Unión Europea residan en viviendas de este tipo.
Fue con vistas al inicio de la tramitación del operador público-privado para el fomento de la vivienda de alquiler que el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana habían decidido crear una comisión formada por cinco miembros de cada una de las entidades. No pudiendo hacerlo de ese modo, la comisión llamada a dar los primeros pasos de la constitución de la empresa público-privada de fomento de la vivienda de alquiler en la capital catalana y en su cinturón metropolitano se compondrá ahora de seis miembros del Área Metropolitana de Barcelona. Esos seis miembros serán el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón; el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor; el concejal de ERC, Alfred Bosch; el gerente de AMB, Ramon Torra; el director de Presidencia, Salvador Milà; y el gerente del Impsol, Amadeu Iglesias.
La intención primera de esta comisión es fijar las bases que deben servir para convocar el concurso público que sirva para incorporar al operador privado. Éste podrá constituirse como una unión temporal de empresas (UTE) que integre a un inversor, un promotor y un gestor.
