Es sabido que la inestabilidad política no gusta al capital. Y es sabido también que, a la hora de buscar lugares en los que invertir, los inversores optan preferentemente por aquéllos en los que la situación política es más estable. Si se trata de lugares con regímenes democráticos o lugares en los que impera un régimen más o menos dictatorial no importa demasiado al inversor. Y es que el capital no tiene ideología. O sí la tiene: la del beneficio. Por eso huye de aquellos lugares en los que, por el motivo que sea, la consecución de ese beneficio pueda estar en riesgo.
Esta explicación es la que, con unas palabras o con otras, están dando determinados analistas económicos para explicar el porqué de que el sector inmobiliario barcelonés haya sufrido durante estas últimas semanas un parón inversor. El motivo que, al decir de estos analistas, explicaría este parón de las inversiones extranjeras en el mercado inmobiliario español y, fundamentalmente, catalán, tiene un nombre: “procés”. O, si se desea de otro modo, “crisis soberanista catalana”, “desafío independentista catalán” o “crisis política catalana”.
Pero hay analistas que apuntan a que los efectos negativos del procés son, en cierto modo, algo así como la guinda de una situación previa de alta volatilidad del mercado inmobiliario español. Eso se desprendería, al menos, del informe Inversiones comerciales en Europa, evaluación de riesgo en momento de ‘boom’ e incertidumbre, realizado por la firma de inversiones inmobiliarias Catella. Según dicho informe, que analiza 28 grandes ciudades europeas, Barcelona es la ciudad de la zona euro con un mayor nivel de volatilidad en su mercado inmobiliario. Madrid, tras Dublín y Londres (capital que actualmente está padeciendo, según muchos analistas, los efectos del Brexit), “luce” también un alto índice de volatilidad en su mercado inmobiliario.
¿Quiere eso decir que la inversión inmobiliaria en Barcelona no ofrece rentabilidad? No. Ni mucho menos. De hecho, volatilidad y rentabilidad acostumbran a ir de la mano. Las zonas en las que el riesgo es mayor son, también, las que ofrecen mayores rentabilidades. Ésa, al fin y al cabo, ha sido siempre una de las reglas no escritas del capitalismo pero que forman parte de su día a día. Barcelona ofrece en la actualidad una rentabilidad por encima de la media histórica a aquél que no tenga reparos ni temor a invertir en una capital a la que se podría considerar como un territorio “políticamente inestable” desde que el Govern de la Generalitat de Catalunya decidió convocar un referéndum sobre la independencia que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Si eso es así, si el mercado inmobiliario de Barcelona puede ofrecer altas rentabilidades en la actualidad… ¿por qué se frenan las inversiones internacionales en el mercado inmobiliario barcelonés?, ¿por qué se posponen operaciones como la venta de la cartera de oficinas de Hispania?, ¿por qué quedan desiertas algunas operaciones inmobiliarias de importante volumen económica? La respuesta, dicen los analistas, hay que buscarla en lo que se conoce ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe es una medida desarrollada por el Premio Nobel de Economía estadounidense William F. Sharpe. Dicha medida analiza hasta qué punto el rendimiento o beneficio que se puede obtener de una inversión compensa de los riesgos que se corren al realizarla. Según el estudio realizado por Catella, Barcelona y Madrid no están muy bien situadas en el ranking. Es decir: al inversor extranjero empiezan a no compensarle los beneficios potenciales que podría obtener de su inversión frente a los riesgos que debe correr al realizarla. Y es que, según muchos analistas económicos, la situación política catalana afecta directamente a la seguridad jurídica y política de la zona.
A esta explicación se debería achacar el hecho de que muchos fondos extranjeros hayan frenado sus inversiones inmobiliarias en Barcelona. Eso permanecerá así, en principio, hasta que se celebren y conozcan los resultados de las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 21 de diciembre por el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, tras la aprobación y puesta en funcionamiento del artículo 155 de la Constitución.
