Lo anunció el pasado jueves 17 de marzo la consellera de Governació, Administracions Públiques y Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs. El gobierno autonómico catalán tiene previsto presentar en 2017 una nueva Ley de arrendamientos urbanos. El objetivo principal de la nueva Ley de arrendamientos urbanos, que se desmarcaría de la normativa estatal, y al decir de la propia consellera, es estimular la cultura del alquiler y dar verdaderas garantías de cumplimiento tanto al inquilino como al propietario.
Borràs, al presentar el Informe sobre el mercado de alquiler en Catalunya en 2015, hizo público el interés de la administración catalana por dotar a la Comunidad de una normativa sobre el alquiler que asegure el necesario equilibrio entre los derechos y las obligaciones de ambas partes todo ello con el objetivo de estimular el mercado de alquiler. Éste, aunque ha crecido de manera bastante significativa en los últimos años (y pese a que durante el 2015 el número de nuevos contratos de alquiler firmados en Cataluña bajó un 5,3%), sigue estando lejos de los porcentajes de alquiler existentes en los países de nuestro entorno. Los datos del informe sobre el alquiler presentado por la consellera Borràs reflejan cómo la renta media se incrementó en toda Cataluña una media del 4% respecto al año anterior. En Barcelona, por su parte, el incremento de la renta de alquiler aumentó un 7%.
Para elaborar la futura Ley del alquiler la Generalitat ha empezado a dialogar con los agentes implicados en el sector. De estas conversaciones y de los informes pertinentes deben partir las líneas directrices que marquen la orientación y los límites de la ley catalana de alquileres. Ésta, además de servir de garantía para arrendadores y arrendatarios, debe servir, según los impulsores del cambio legislativo, para garantizar que toda persona pueda tener acceso a la vivienda.
La propuesta del gobierno catalán choca inicialmente con la que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propone para conseguir que todo el mundo pueda acceder a disfrutar de una vivienda. La alcaldesa barcelonesa propone limitar el aumento del precio de alquiler de los pisos. Esta medida ha sido criticada por diversos expertos. Éstos alegan que la propuesta de Colau sólo serviría para empujar a muchos propietarios en busca de una mayor rentabilidad a poner en venta el inmueble que, inicialmente, desearían haber puesto en alquiler. Para estos expertos, la propuesta de Colau podría hacer que los propietarios frenaran la posible reforma de sus propiedades. ¿Para qué reformar algo que está abocado a no dar rendimientos?
La propuesta del gobierno catalán de realizar una nueva Ley de arrendamientos urbanos se fundamentaría principalmente en potenciar los estímulos a los propietarios para que éstos decidan introducir sus propiedades en el mercado de alquiler. Cuáles serían esas medidas es, quizás, el quid de la cuestión sobre el éxito o no que podría tener una propia y nueva Ley de arrendamientos urbanos.
