La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lanzado la propuesta de obligar a los promotores de vivienda que construyan obra nueva o realicen grandes rehabilitaciones de edificios en la ciudad a reservar un 30% del edificio que construyan o rehabiliten a pisos sociales. Esta propuesta, que será llevada al pleno municipal a final de mes, plantea dos modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM). La primera de esas modificaciones deberá establecer las bases para obligar a los promotores privados a implicarse en la creación de vivienda social y la segunda servirá, en el caso de aprobarse, para ampliar el derecho de tanteo y retracto del ayuntamiento en toda la ciudad. La Administración, en virtud de esa modificación, tendrá preferencia en la adquisición de fincas en todas las operaciones de compraventa que se produzcan dentro del término municipal.
La propuesta de Ada Colau es una propuesta que ha nacido en el seno de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Según muchos analistas, Ada Colau intentaría contentar con esta propuesta a una entidad, la PAH, que en los últimos tiempos la había criticado por sus políticas de vivienda y de la que ella misma formó parte en sus tiempos de activista.
La propuesta del equipo de gobierno de Ada Colau, que ha sido elaborada por técnicos municipales y por Barcelona Regional (RG), y en la que han colaborado la PAH, el Observatori Desc, la Federació d’Associació de Veins de Barcelona (FAVB), el Sindicat de Llogueters y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ha encrespado los ánimos del sector de la promoción inmobiliaria. La Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Gremi de Constructors y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha advertido, en diversas declaraciones a diferentes medios de comunicación, de los riesgos que, desde su punto de vista, la aprobación de la propuesta de Ada Colau podría acarrear para la economía de la ciudad y apuntan que la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona no servirá para solucionar el problema de falta de vivienda en la ciudad.
Del problema de la escasez de oferta de vivienda en Barcelona ya hemos venido hablando en más de un artículo de este blog. Al hecho de que Barcelona sea una ciudad limitada por Collserola y por el mar se ha unido el de que en los últimos tiempos se hayan producido transacciones de fincas enteras para convertirlas en viviendas de lujo. Esto ha hecho que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que hizo del incremento de la vivienda social en Barcelona uno de los puntos clave de su programa electoral, busque la manera de incrementar dicho tipo de vivienda. La propuesta de Ada Colau debe insertarse en dicho objetivo político.
Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana, ha declarado a La Vanguardia que el Ayuntamiento dispone de otros recursos para incrementar la oferta de vivienda pública. Activar la reserva de suelo de propiedad municipal de la Marina del Prat Vermell, la Sagrera o los cuarteles de Sant Andreu para empezar a construir vivienda social en él, por ejemplo. O modificar el Plan General Metropolitano para que en el 22@ para que pueda construirse en él más vivienda social. Por otro lado, Gorgues sostiene que tiene dudas sobre la viabilidad jurídica de la propuesta de Ada Colau y su equipo. Gorgues cree que la propuesta de Colau para obligar a las promotoras inmobiliarias a reservar una parte de su producción para vivienda social afecta a algunas cuestiones que están reguladas por la Ley del Suelo, norma de rango superior al PGM.
Josep Gassiot, presidente del Gremi de Constructors, ha afirmado que la aprobación de la propuesta de Ada Colau podría frenar la actividad del sector de la promoción inmobiliaria. Según palabras recogidas por la periodista Silvia Angulo en La Vanguardia, Grassiot ha declarado que “los proyectos residenciales tienen una larga maduración. Se compran los terrenos con unas condiciones determinadas y si se cambian ahora las reglas muchos de estos planes acabarán siendo inviables”.
Quien también ha advertido del riesgo de paralización de la actividad del sector en caso de aprobarse la propuesta de Ada Colau ha sido la APCE. La actuación del equipo municipal, advierte la APCE, podría provocar un cierto desequilibrio entre la oferta de vivienda en la capital catalana y su demanda, lo que se traduciría en un incremento general de los precios de la vivienda en la ciudad. La APCE señala también que la problemática de la vivienda en Barcelona debe encararse desde una perspectiva metropolitana.
