El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Barcelona decidió imponer una tasa para gravar a las viviendas que lleven más de dos años vacías. Ahora, apenas unos meses después, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidido anular dicha tasa. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC han considerado que el consistorio barcelonés no posee competencias que le permitan regular un impuesto de este tipo.

Al tomar esta decisión, el TSJC estiman el recurso que en su momento presentó la Asociación Española de la Banca contra la tasa de los pisos vacíos. El razonamiento del TSJC es el siguiente: la posibilidad de crear un impuesto de este tipo no está presente en ninguno de los 28 grupos de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas que la ley reguladora de las haciendas locales considera competencia de los ayuntamientos. Al mismo tiempo, el TSJC recuerda que, según el Estatut, las competencias exclusivas de vivienda pertenecerían a la Generalitat.

Los consistorios, por su parte, sólo podrían ejercer, según el TSJC, las competencias que le asigna el Estatut en su artículo 84, es decir, aquéllas que tienen que ver con “la planificación, la programación y la gestión de la vivienda pública” y con “la planificación en el suelo municipal de la vivienda de protección oficial”.

El reparto competencial fijado en el Estatut “resulta coherente”, según palabras recogidas en sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, con el contenido de la ley de base del régimen local. Esta ley, de ámbito estatal, restringe las competencias que en materia de vivienda pudieran tener los municipios a la vivienda pública siempre que, así se especifica en la ley, no le hubieran sido delegadas competencias de forma explícita por el Estado o por la comunidad autónoma.

Según se recoge también en la sentencia dictada por el TSJC respecto a las tasas a los pisos vacíos, las tasas impuestas por los ayuntamientos en materia de vivienda sólo pueden ir orientadas a “autofinanciar el coste de una actividad administrativa”. Dichas tasas deben ser recaudadas “a modo de constraprestación” y nunca con el objetivo de “incentivar la ocupación o penalizar o sancionar el supuesto anómalo de las viviendas vacías”.

El TSJC señala también en su sentencia sobre las tasas a los pisos vacíos que el propio Parlament de Catalunya aprobó en 2015 una tasa de viviendas vacías. La coexistencia de ambas tasas, la aprobada por el Parlament catalán y la aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, podría constituir una “doble imposición”, algo que está expresamente prohibido por ley. Por otro lado, la tasa sobre pisos vacíos que el Parlament de Catalunya aprobó en 2015 fue recurrida en su momento por el Gobierno central. El gobierno de Mariano Rajoy presentó contra la mencionada tasa autonómica un recurso de inconstitucionalidad que a día de hoy aún no se ha resuelto.

Las reacciones a la sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre las tasas a los pisos vacíos impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona no se han hecho esperar. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha anunciado que el Ayuntamiento presentará un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Con dicho anuncio, el consistorio barcelonés pretende demostrar muy a las claras que está dispuesto a luchar por la permanencia y legalidad de una tasa que, dentro de su política de vivienda, el equipo de la alcaldesa Ada Colau considera de gran importancia para intentar aumentar una oferta que debe resultar clave a la hora de impulsar un mercado del alquiler vital y libre de padecer los efectos perniciosos de cualquier tipo de burbuja.

La sentencia del TSJC sobre las tasas a las viviendas vacías ha despertado las críticas de la oposición municipal. Sònica Recasens, del grupo Demòcrata, ha acusado al equipo de Colau de impulsar políticas populistas y ha exigido dos cosas: promover medidas efectivas y avanzar en la ampliación del parque de vivienda. Por su parte, Carina Mejías, de Ciudadanos, ha acusado a Colau de realizar una política de vivienda basada en decisiones improvisadas que después requieren rectificaciones. Javier Mulleras, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha querido destacar que durante la tramitación municipal necesaria para la aprobación de la tasa su grupo ya advirtió que contaba con una “justificación legal muy débil” que podría ser fácilmente contraria a derecho.