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El Gobierno enmienda la plana al Supremo

Publicado por pisobcn en 9 noviembre, 2018
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Pasó el esperado 5 de noviembre y el Tribunal Supremo dictó sentencia. Según dicha sentencia, el Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados lo deberá pagar quien hasta ahora lo pagaba, es decir: los hipotecados. Tras dieciséis horas de deliberación, el Supremo decidía el pasado día 5 de noviembre recuperar la misma doctrina que, de manera invariable, se ha venido aplicando desde que en 1993 entró en vigor el Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Según dicho texto, el llamado popularmente “impuesto de las hipotecas” ha sido pagado por el hipotecado y recaudado por las Comunidades Autónomas.

El fallo emitido por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el pasado 16 de octubre, sin embargo, rompía con dicha doctrina e implantaba una nueva. Según ésta, el referido impuesto debía ser pagado por el prestamista, es decir, por los bancos. El mismo Tribunal Supremo, sin embargo, tardó apenas unas horas en decidir que dicha sentencia debía ser discutida en el Pleno para replantearse la validez o no de la misma. Es decir, el Tribunal Supremo, en una decisión insólita y sin precedentes, abría la puerta a corregirse así mismo.

En nuestro artículo “Bloqueo del mercado inmobiliario por la sentencia del Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos” exponíamos cómo la decisión del Supremo de reconsiderar su propia postura inicial y posponer el Pleno en que la cuestión debía ser discutida para el 5 de noviembre había hecho que se bloquearan muchas operaciones hipotecarias y se pospusieran hasta que el Supremo tomara la decisión final.

Dictada dicha sentencia, el Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez ha tomado una decisión histórica que en muchos medios de comunicación ha sido tildada de pesimista: la de aprobar un Decreto-Ley con el que se modifica la norma que regula el Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados y con el que se determina que sean los bancos quienes, a partir de ahora, paguen dicho impuesto. Así viene recogido en el BOE de hoy viernes 9 de noviembre.

Al adoptar dicha actitud, el Gobierno enmienda la plana al Tribunal Supremo y le invita a “hacer una reflexión sobre el debate que se ha suscitados sobre su credibilidad”. Pedro Sánchez, que ha asegurado respetar la independencia del Poder Judicial, ha recalcado si embargo que “ningún poder está fuera de la crítica”, tampoco el Judicial.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de modificar el artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que “nunca más sean los ciudadanos los que paguen este impuesto, sino que sean los bancos”, ha sido recibida con diversidad de opiniones entre los diferentes grupos políticos. El PP, por ejemplo, ha propuesto, directamente, eliminar este impuesto, a lo que el Ejecutivo ha respondido que, tomando dicha medida, las Comunidades Autónomas dejarían de ingresar más de 8.000 millones de euros al año. Sin embargo, el Decreto-Ley del Gobierno socialista ha establecido que quede exento de pago el Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados en préstamos realizados a ciertos grupos entre los que podemos destacar al Estado, los partidos políticos, la Iglesia Católica o asociaciones como la Cruz Roja o la ONCE.

Ciudadanos, que se ha mostrado muy crítico con el comportamiento del Tribunal Supremo en este caso, ha decidido apoyar una reforma legal que haga que el pago del llamado popularmente “impuesto de las hipotecas” corresponda desde ahora a las entidades financieras.

Podemos, por su parte, ha afirmado que la decisión del Gobierno no es suficiente. Según su líder, Pablo Iglesias, “hay que legislar para hacer lo que dijo la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo: devolver el dinero a las familias”.

Según algunos cálculos, la decisión del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez supondrá para la banca unos gastos de alrededor de 640 millones de euros al año. Esos gastos, a la larga y de una forma u otra, serán pagados, finalmente, por el cliente, o al menos eso es lo que presupone una opinión pública que tradicionalmente ha desconfiado del comportamiento de la banca. En este caso, además, la opinión pública tiene donde encontrar argumentos que dan cobertura a su desconfianza hacia lo que las entidades financieras puedan hacer a partir de ahora al verse obligadas por ley al pago del “impuesto de las hipotecas“. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, y refiriéndose a la sentencia que había de dictar el Supremo el pasado día 5, adelantaba que, en caso de fallarse que habían de ser los bancos los encargados del pago de dicho impuesto, el coste de las hipotecas se encarecería. Esta opinión, mayoritaria en el sector financiero, hace prever que, finalmente, acabe siendo el cliente quien acabe costeando, de una manera indirecta, el mencionado impuesto.

Planteada esta cuestión al Presidente del Gobierno en su comparecencia para anunciar la aprobación del Decreto-Ley del que venimos hablando en este artículo, Pedro Sánchez declaró: “creo que no lo harán y espero que no lo hagan”. Y argumentó su creencia del siguiente modo: “lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo y porque estamos dentro de la Unión Europea”. Y finalizó su intervención al respecto apelando a “la responsabilidad del sector financiero”.

Se espera que la entrada en vigor del Decreto-Ley mañana sábado 10 de noviembre, unida a la proyectada y pendiente reforma de la Ley Hipotecaria, tenga una influencia capital sobre el sector inmobiliario. Lo que se pretende con la mencionada reforma es, entre otras cosas, adaptar la legislación española a las directrices de la Unión Europea y aportar mayor transparencia y seguridad jurídica tanto al consumidor como al sector financiero.

En los próximos meses veremos de qué forma y en qué sentido acaban afectando las decisiones políticas al sector inmobiliario.