Venimos hablando de ello en más de un artículo de este blog: las relaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y las plataformas de alquiler turístico de viviendas no son buenas. Mejor dicho: son malas y, en algunos casos (sobre todo con la mundialmente conocida Airbnb), muy malas. Tanto, que el Ayuntamiento de la capital catalana amenaza con impedir a la famosa plataforma operar en Barcelona.
Las tormentas perfectas no son fruto del azar. Cuando tienen lugar es porque confluyen varios factores que hacen que las cosas sucedan como suceden y no de cualquier otra manera. En el enconamiento del conflicto que desde hace tiempo mantienen el ayuntamiento barcelonés y la plataforma de alquiler turístico algunos de esos factores son los que intentaremos resumir en este post.
Para empezar, el pasado 22 de junio la prensa se hizo eco del caso de Montse Pérez. Montse Pérez es una mujer barcelonesa que reservó un piso por internet y a través de la plataforma de alquileres turísticos Airbnb. El alquiler de dicho apartamento le costaba, durante el mes de junio, 200 euros la noche. En julio y agosto, el alquiler del mismo apartamento asciende a 230-250 euros la noche. Algo habitual en una ciudad con un innegable tirón turístico como Barcelona. Lo que convierte este acto habitual en noticia digna de figurar en las páginas de los diarios más importantes del mercado nacional es un hecho sorprendente: Montse Pérez es la propietaria de ese apartamento. Ella lo había alquilado a un joven y éste se había convertido en “anfitrión” de Airbnb. “Anfitrión” es el nombre que da la plataforma de alquiler turístico a las personas que alquilan su propiedad a través de su página. Que el inquilino de Montse Pérez no fuera el propietario legítimo de la vivienda no impidió que Airbnb la anunciara. Realquilar la vivienda le permitía al inquilino de Montse Pérez ingresar unos 8.000 euros al mes. Finalmente, y ante la falta de acuerdo con Airbnb y con su inquilino, Montse Pérez decidió alquilar su propia vivienda a través de la plataforma y, una vez en ella, “okuparla”.
La publicación de la noticia referente a la “aventura” de Montse Pérez hizo que dos propietarios barceloneses más aseguraran estar viviendo la misma situación que la citada propietaria. Ellos también aseguran que sus inquilinos habían realquilado sus pisos por Airbnb.
La comprobación de los datos de las diferentes denuncias ha hecho que tome cuerpo la sospecha de que detrás de algunos de estos realquileres (y de algunos más que pudieran existir) se halla algún tipo de organización ilegal que se encarga de acaparar/alquilar pisos para, a continuación, realquilarlos.
El pasado 26 de junio El Periódico de Catalunya recogía un artículo firmado por Patricia Castán en la que se hablaba de cómo entre los 3.000 expedientes sancionadores abiertos en Barcelona desde julio de 2016, 316 casos corresponden a personas que alquilan una vivienda para, a continuación, realquilarla a través de Airbnb sin permiso y sin estar autorizados, por su contrato de arriendo, a realquilarla. El hecho de que Airbnb acepte anuncios de viviendas sin licencia turística permite y favorece que estos hechos tengan lugar.
La reincidencia de Airbnb en la oferta de pisos para el alquiler turístico sin licencia ha hecho que el Ayuntamiento de Barcelona decida sancionar a la famosa plataforma de alquiler turístico con la máxima sanción que permite la legislación catalana: 600.000 euros. Dicha sanción se formalizará durante esta semana, ha asegurado Janet Sanz, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Airbnb ya ha asegurado que interpondrá el correspondiente recurso contra la decisión municipal. Según la plataforma, el Ayuntamiento debe diferenciar entre los, según ellos, dos tercios de “anfitriones” que comparten su propio hogar y aquellas personas que lo hacen de una manera profesional.
Por otro lado, hay que tener presente un antecedente de la jurisprudencia que juega a favor de Airbnb. Con anterioridad a estos sucesos ya han sido anuladas por decisión judicial dos multas de 31.500 euros impuestas por la Generalitat de Catalunya a Airbnb en 2014. En su sentencia, el juez argumentaba que el alquiler de vivienda por parte de particulares no está regulado por ley.
Actualmente, y según datos recogidos por Patricia Castán en su citado artículo de El Periódico de Catalunya, se han realizado 5.909 expedientes disciplinarios. De éstos, 3.211 son sancionadores. El Ayuntamiento de Barcelona ha dictado también 2.189 órdenes de cese de alquiler turístico a otros tantos pisos que carecían de licencia para ello. De esas órdenes de cese, 628 han sido acatadas y 127 han sido precintadas. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad cuenta actualmente con más de 15.000 apartamentos turísticos.
