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El Ayuntamiento de Barcelona emprende nuevas medidas contra el alquiler turístico ilegal

Publicado por pisobcn en 1 Junio, 2017
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2.105 son los pisos turísticos ilegales que el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado cerrar en 16 meses. De entre todos ellos, los propietarios de 548 pisos han acatado la orden de cierre y 127 casos se ha dictado del precinto de los pisos. Al mismo tiempo, el ayuntamiento barcelonés ha incoado 5.490 expedientes por pisos turísticos ilegales e impuesto 2.869 sanciones, de las que se han cobrado hasta la fecha un total de 530.

Según los planes del Ayuntamiento de Barcelona contra la existencia de pisos turísticos ilegales, las previsiones del consistorio apuntan a que la práctica del alquiler ilegal de pisos turísticos quede erradicada hacia el 2023. En el propio Ayuntamiento de Barcelona asumen que no será una tarea fácil, ya que no cesan existir intentos de abrir nuevos negocios ilegales. Para detectarlos, el Ayuntamiento ha decidido emprender una serie de nuevas medidas contra el alquiler turístico ilegal. Una de esas medidas es la de incrementar el número de controladores. Otra, buscar la implicación ciudadana. La denuncia anónima debería servir, según el ayuntamiento barcelonés, para detectar casos en los que se esté incurriendo en alquiler turístico ilegal.

Los controles efectuados por el equipo de controladores han servido también para detectar cómo algunas residencias de estudiantes daban alojamiento de manera irregular a turistas. En total, han sido detectadas en Barcelona 19 residencias de estudiantes que incumplían la legalidad vigente en lo que respecta al alquiler turístico. En 14 de esas situaciones se han tramitados sanciones o ceses. En 13 de ellos, los responsables de dichas residencias de estudiantes han retirado los anuncios que servían para captar a sus clientes y han expresado su voluntad de respetar y acatar la ley.

Entre las nuevas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Barcelona para luchar contra el alquiler ilegal de pisos turísticos figuran las siguientes:

  • Se ha duplicado el número de “visualizadores de pisos ilegales”. De 20 personas se ha pasado a 40. Estas personas no son inspectores. O, al menos, no lo son en el sentido estricto del término. La misión de estas 40 personas es comprobar las denuncias y sospechas recogidos de las quejas ciudadanas y de rastrear los portales de reservas para localizar pisos turísticos alquilados ilegalmente. La tarea propiamente de inspección corresponderá dentro de un mes a 34 personas. Así, se prevé que a finales de años se disponga de un equipo de 80 personas (entre visualizadores e inspectores) y que la cifra total de profesionales de ambos perfiles ascienda a 110 en 2018.
  • Se han mejorado los procedimientos para detectar anuncios ilegales, los recursos tecnológicos en manos de los inspectores y, finalmente, se ha cedido y habilitado un local para que los visualizadores puedan desarrollar su trabajo. Dicho local se halla ubicado en las instalaciones de la estación del Nord.
  • Se ha redoblado la ofensiva contra las plataformas de reservas de alojamiento en las que aparezcan anunciadas camas ilegales. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto al mismo tiempo una mesa de trabajo en la que participarán las principales webs de alquiler turístico de pisos. La finalidad principal de dicha mesa de trabajo es acordar aquellas actuaciones de mejora del sector que permita, por un lado, que siga existiendo una buena oferta de vivienda de alquiler turístico en Barcelona y que, al mismo tiempo, dicha oferta se ajuste a la legalidad municipal.

Respecto al último punto señalado hay que reseñar que el Ayuntamiento de Barcelona ha destacado cómo portales como Homeaway, Rent4adays, Openhouse, Only Apartments, Rentalia, Tripadvisor y Housetrip se han ido adecuando progresivamente a la legalidad. Por el contrario, Airbnb, la mayor plataforma mundial de alquiler de vivienda turística, incumple de manera explícita y reiterada la legislación barcelonesa sobre alquiler turístico. A resultas de dicho incumplimiento, Airbnb arrastra un expediente sancionador que ya alcanza los 600.000 euros y en el que se valora negativamente la reincidencia de la famosa plataforma. La entrada en vigor de la ley de medidas fiscales y administrativas 5/2017 de la Generalitat de Catalunya, y en virtud de la cual se incrementan las multas muy graves de la ley de turismo de la misma Administración catalana, permitirá sancionar con 60.000 euros lo que hasta ahora se sancionaba con 30.000 y permitirá hacerlo, además, de un modo mucho más sencillo. En su descargo, Airbnb argumenta que espera que la Generalitat acabe, finalmente, legalizando las habitaciones o “home sharing”. Para esta plataforma, toda legislación debe respetar el derecho de cada persona a “compartir el propio hogar”. Prohibir ese tipo de anuncio haría perder a la plataforma gran parte de su oferta de alquiler.

Con estas medidas contra el alquiler turístico ilegal, el Ayuntamiento de Barcelona intenta que el turismo no tenga un impacto tan directo sobre el día a día de muchos barceloneses para, así, evitar que arraiguen los discursos “turismofóbicos” que están empezando a enraizar en algunos barrios. En dichas zonas de la ciudad ha germinado un cierto clima antiturístico que está haciendo que muchos ciudadanos sientan que, en cierto modo, están perdiendo su ciudad.