De entre los datos que suelen valorarse a la hora de calibrar hasta qué punto el mercado inmobiliario se está recuperando en nuestro país hay uno que tiene una incidencia directa sobre las arcas públicas: el de los ingresos recaudados por las Comunidades Autónomas debido al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La recaudación ligada a este impuesto, que se paga tanto cuando se compra una vivienda de segunda mano como cuando se firma una hipoteca, y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, durante los diez primeros meses del 2015 se incrementó en un 16% en todo el país.

De entre todas las comunidades autónomas, ha sido la de Castilla y León la que ha experimentado un incremento más significativo. En la comunidad castellano-leonesa el aumento de la recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales fue del 29%. Las que han gozado de un incremento menor de dicha recaudación han sido las de Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias y Andalucía. En estas comunidades autónomas, el aumento de lo recaudado ha sido inferior al 10%. En Catalunya, el incremento de lo recaudado en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales estuvo tres puntos porcentuales por encima de la media estatal.

Este incremento de lo recaudado por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales tiene especial significación por el hecho de que los tipos impositivos permanecieron estables durante el pasado año. Así, puede deducirse que dicho incremento es debido, directamente, al aumento de las transacciones inmobiliarias. Por ejemplo, en Catalunya, y durante los primeros nueve meses del año, se realizaron 39.917 operaciones de compraventa de viviendas, un 20% más que en el año anterior.

Al mismo tiempo hay que apuntar que al incremento del número de transacciones se le suma el incremento del precio de la vivienda. En Catalunya, ese incremento (y según datos de la tasadora Tinsa) ha sido del 5,3% (4,3 puntos por encima de la media española).

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, aunque de regulación estatal, fue cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas para que ellas gestionaran su cobro y se beneficiaran de los ingresos derivados del mismo. Catalunya recaudó gracias a dicha cesión 3.246 millones de euros en 2007. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria hizo que dicha cifra bajara hasta los 1.048 millones en 2013. 2014, por su parte, marcó un punto de inflexión al registrar un ligero aumento.

Este proceso es paralelo al experimentado por el mercado inmobiliario español. En el conjunto del Estado, el punto álgido de recaudación de este impuesto se produjo en 2006. En dicha fecha, las arcas del Estado ingresaron 18.958 millones de euros. Esta cifra contrasta profundamente con los 5.657 millones registrados como recaudados en 2013. Esta fecha marca también, en el conjunto de todo el territorio español, el punto de inflexión hacia una recuperación económica que cada vez es más palpable.