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España prepara una Ley de Arquitectura

Alta calidad. Eso será lo que principalmente se exija en los concursos públicos destinados a escoger un proyecto arquitectónico para una ciudad si finalmente se aprueba la Ley de Arquitectura que está preparando el Gobierno de España. Con esta ley, España parece querer seguir la senda marcada por países como Francia o Lituania que, en lugar de primar lo barato a la hora de escoger un proyecto entre los presentados a un determinado concurso, prima aquél que se presuma de mayor calidad.

La competencia en arquitectura, dentro del organigrama del Ejecutivo español, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido en este momento por el socialista José Luis Ábalos. Es a él a quienes se han dirigido diferentes asociaciones de arquitectos para resaltar que una posibilidad no excluye la otra, es decir: que un edificio de calidad y atractivo no tiene por qué ser caro.

El borrador de la futura “Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido” señala que dicha ley perseguirá dos objetivos prioritarios: garantizar que las actuaciones de obra pública tengan una calidad contrastada y que ese objetivo pueda alcanzarse, siempre, respetando y garantizando unas condiciones justas para los profesionales, que deberán ser “adecuadamente remunerados”.

Entre las medidas que deberían tomarse para que se primen ciertamente las propuestas de calidad, los arquitectos opinan que debería potenciarse la fórmula de los jurados. Según los arquitectos, en las mesas de contratación faltan en demasiadas ocasiones expertos o personas con la capacidad técnica y profesional suficiente como para visualizar verdaderamente cómo quedarían plasmados los diferentes proyectos una vez que fueran construidos.

Los arquitectos, al mismo tiempo, solicitan al Gobierno que la Ley de Arquitectura impulse los concursos a doble vuelta. ¿Qué se consigue con ello? Poder solicitar una mayor definición del proyecto a aquellas empresas que hubieran pasado la primera criba del concurso para, en base a esa mayor definición del proyecto presentado por ellas, poder elegir mejor y con mayor conocimiento de causa al ganador del concurso. Esa mayor definición del proyecto implica sin duda un trabajo que los arquitectos solicitan que sea “proporcionalmente compensado y remunerado”. Exigir esa mayor definición antes de la primera criba sería sin duda inviable tanto para muchas empresas como para las diferentes administraciones, que verían incrementados sus gastos de una manera muy significativa.

Para la profesión arquitectónica, la Ley de Arquitectura es, lógicamente, una ley de vital importancia. En esa ley deben establecerse:

  • Medidas necesarias para el fomento e impulso de la calidad arquitectónica y urbanística.
  • Contratación de la redacción de proyectos, la dirección y ejecución de las edificaciones y urbanización de los espacios públicos.
  • Redactado de las actuaciones necesarias para proteger los valores inherentes a la arquitectura.

La Ley de Arquitectura catalana

Hasta el momento, la única Comunidad Autónoma en España que tiene una Ley de Arquitectura es Catalunya. En el preámbulo de esa Ley se recogen algunos precedentes legislativos europeos. Los puntos principales de la misma, por su parte, son los siguientes:

  • La arquitectura es una actividad de interés general al servicio de la sociedad.
  • Las administraciones deben desarrollar medidas para promover la arquitectura.
  • Se establecen medidas para poner en valor y promover el conocimiento y el papel de la arquitectura en el bienestar de las personas.
  • Se promueve y se pone en relieve el papel innovador de la arquitectura y su potencial para favorecer el desarrollo sostenible.
  • Se determinan medidas para el fomento y el impulso de la calidad arquitectónica.
  • Se fomenta la calidad de la arquitectura mediante políticas ejemplares de construcción pública.
  • Se establece que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya definirá el valor orientativo para los honorarios en el ámbito de la arquitectura.
  • En los concursos de arquitectura se valorará la calidad por encima del precio del proyecto.
  • Se promueve la diversidad y el acceso de los jóvenes a la contratación pública.
  • Se establecen las modalidades y valor de contratación a partir del cual la Administración Pública debe contratar el proceso arquitectónico y los instrumentos de planteamiento urbanístico.
  • Las licitaciones públicas se harán mediante concurso de proyectos a dos vueltas. En el proceso de selección deberá intervenir un jurado cuya composición deberá ser la adecuada para garantizar la selección de la mejor propuesta. En el proceso de selección, además, se deberá garantizar la transparencia y deberán publicarse obligatoriamente las propuestas presentadas y las actas del jurado.

Con la Ley de Arquitectura se pretende también que las administraciones implicadas en los concursos de este tipo asuman algo que no siempre tienen presente: y es que un concurso es algo más que un simple proceso de licitación. De hecho, al elegir un proyecto determinado se está tomando una decisión sobre un equipamiento, edificio, etc. que va a ser muy importante en la vida de un municipio durante varias generaciones. En ese sentido también, la Junta de Extremadura aprobó en 2019 una ley de vivienda según la cual se declara de interés público la creación arquitectónica. En dicha ley, además, se recoge el objetivo de divulgar e impulsar ese tipo de creación.

El país pionero en declarar la arquitectura como actividad de interés público fue Francia. Fue en 1977 cuando el país vecino aprobó una Ley de Arquitectura que, modificada hace cuatro años, se convirtió en un modelo que, por ejemplo, han seguido Lituania y Catalunya. En la actualidad, tanto España como Italia y Portugal trabajan en ese sentido. El ministro Ábalos, por su parte, ha prometido presentar su proyecto de Ley de Arquitectura a lo largo de este 2020.

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